Una fiscalización selectiva a zonas críticas de la región realizará el Ministerio de Obras Públicas, a través de su Dirección General de Aguas (DGA), la que tiene por objetivo detectar y sancionar la extracción ilegal de agua.
Así lo dio a conocer el seremi (s) de Obras Públicas, Hernando Rodríguez, quién destacó que “el Ministerio estableció un programa de inspección para el 2012, el que obedece a la selección de zonas críticas desde el punto de vista de eventual afectación a terceros o al medio ambiente, a la sensibilidad social del lugar, a sectores con explotación intensiva, y a la no existencia de inspección anterior”.
De acuerdo a ello, se espera realizar inspecciones a sectores tan diversos como: Oasis de Calama, Salar de Atacama, cuenca del río San Pedro de Inacaliri, sector Aguas Blancas, y a otros sectores alto andinos con ecosistemas sensibles.
“Esperamos que la labor fiscalizadora en este ámbito, sea fortalecida con las denuncias que la propia comunidad efectué a la DGA. Respecto a lo anterior, pueden encontrar en la página web de la dirección un formulario para ello”, añadió Rodríguez.
Aumento de sanciones por robo de agua
En sintonía con lo descrito anteriormente, el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, anunció ayer que la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley, ingresado por el MOP, que aumenta sanciones por extracción ilegal de agua y la capacidad fiscalizadora de la Dirección General de Aguas.
El objetivo de la modificación es aumentar las sanciones y la pena asignada al delito de usurpación de agua, además de generar una tipificación de todas las conductas e infracciones que están castigadas por la ley. Así también, el proyecto entrega a la DGA la facultad para ordenar la paralización y el cegamiento de los pozos en casos de extracción ilegal, reforzando así la labor realizada por el servicio dependiente del MOP.
Actualmente, la multa por una captación ilegal puede llegar hasta las 20 UTM, es decir casi $800 mil. Con la modificación, las infracciones más graves podrían alcanzar los $200 millones. Ahora bien, en cuanto a las penas asociadas al delito de usurpación de aguas, con el proyecto se aumentan las penas de presidio en un grado, pudiendo llegar hasta cinco años en caso que el delito se cometa con violencia.